El mundo en que vivimos

En días recientes se ha realizado en Sevilla la IV Conferencia Internacional sobre la Financiación para el Desarrollo, de la ONU, a la que han asistido más de 200 delegaciones de 150 países y organismos económicos y sociales de todo el mundo, para afrontar el futuro de la cooperación internacional. Estados Unidos no asistió. No le interesan los temas de cooperación, ayuda al desarrollo, lucha contra la crisis climática o más impuestos para los superricos…

En realidad, son malos tiempos para la cooperación oficial, es decir, para la ayuda que los gobiernos de países ricos otorgan a países pobres, ya sea de forma bilateral o a través de organismos internacionales. Hace 50 años, los países ricos se comprometieron a aportar un 0,7% de su producto nacional bruto a la ayuda al desarrollo. Los países que lo cumplen se cuentan con los dedos de una mano. La ayuda oficial que los países ricos no han desembolsado asciende, según calculan los expertos, a casi 7,2 billones de dólares.

LOS RECORTES Y SUS EFECTOS

Actualmente, los países más ricos están aplicando los mayores recortes de la historia a la ayuda. Entre 2019 y 2023 la ayuda se había reducido en un 2%. Pero en 2024 se redujo el 7%; en 2025, entre el 9% y el 17%; y probablemente otro tanto caiga en 2026.  El caso más grave es el de Estados Unidos, que ha eliminado casi el 85% de los programas de su agencia USAID. Pero le han seguido otros muchos países. El Reino Unido y Francia, dos de los principales donantes, han anunciado recortes del 40% y el 30% de sus fondos, respectivamente. En situación similar están Canadá, Alemania, Italia, Japón, Países Bajos…

Las rebajas en la ayuda se justifican por las mediocres perspectivas económicas, lo que no impide, sin embargo, el incremento desbocado del gasto en defensa.

Los recortes se producen en un contexto de agudización del hambre, la pobreza y el daño climático, con un aumento de los conflictos armados y millones de personas desplazadas por guerras, con una crisis de la deuda y nuevas barreras comerciales, que socavan la capacidad de los gobiernos de los países pobres para cuidar de su población.

Los recortes, asegura Oxfam, ponen en peligro servicios públicos vitales en los países más pobres del mundo, colmo Liberia, Haití, Malaui o Sudán del Sur, y podrían costar millones de vidas y dejar a niñas, niños, mujeres y hombres sin acceso a suficientes alimentos, agua, educación y atención médica.

Según un estudio de la prestigiosa revista The Lancet, los recortes de la USAID podrían suponer más de 14 millones de muertes adicionales en 2030, incluidos 4,5 millones de niños. Los incrementos acelerados de mortalidad y morbilidad se ceban en los países y poblaciones más pobres del planeta, como los del África subsahariana, donde en 2026  caerán por debajo de los niveles de pobreza extrema (menos de tres euros de ingresos en promedio)  5,7 millones de personas más.

Los infectados de Sida, informa ONU/SIDA,  han pasado de 3.500 por día a 5.800 por día, y las muertes por ese motivo podrían pasar de las 630.000 que se produjeron en 2024 a más de un millón al año en los próximos cuatro años.

Los recortes se producen en paralelo al estancamiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. De las 169 metas propuestas, se calcula que solo el 17% se van a cumplir en 2030. Cuando han pasado 10 años desde el establecimiento de aquellas metas, 3.700 millones de personas (el 45% de las que poblamos el planeta) viven por debajo del umbral de la pobreza, establecido por el el Banco Mundial en unos ingresos de 8,3 dólares al día.

Los países poderosos han decidido aumentar el gasto militar hasta un 5% de su producto interior bruto. El gasto militar mundial es más de 12 veces el gasto destinado a cooperación, y aumentará en los próximos años. España destina anualmente unos 4.200 millones en cooperación, el 0,24% del PIB, porcentaje que la sitúa a la cola de Europa, aunque el gobierno ha reiterado su voluntad de llegar al 0,7% en 2030. Gasta ocho veces más en defensa que en cooperación. Si los 10.471 millones de euros adicionales en defensa comprometidos por el gobierno para este año se hubieran destinado a desarrollo, habríamos superado el 0,7% del PIB en nuestro aporte (unos 14.500 millones).

“El dinero que antes se destinaba a programas de desarrollo cruciales, ahora se destina al gasto militar y de defensa”, lo que está teniendo un “aterrador efecto dominó, que provoca un retroceso masivo en la lucha contra la pobreza y un agravamiento de la desigualdad global”, ha declarado Olivier De Schutter, relator especial de la ONU sobre extrema pobreza y derechos humanos.

Los recortes de la ayuda al desarrollo coinciden con una concentración de la riqueza cada vez mayor. A nivel global, la riqueza del 1% más rico ha crecido en 33,9 billones de dólares desde 2015, cantidad suficiente para erradicar la pobreza anual durante 22 años.

De Schutter ha instado a los líderes mundiales a revertir el colapso con mecanismos de financiación innovadores y solidarios, como el establecimiento de impuestos sobre la riqueza y las grandes fortunas, impuestos de solidaridad aplicados a sectores como el transporte y las finanzas y la creación de un Fondo Mundial para la Protección Social, que asegure ingresos básicos y atención sanitaria a los países más pobres.

"No es que falte dinero, lo que falta es voluntad política para redistribuirlo de forma justa", sentencia Oxfam.

Según el Tax Observatory, un impuesto del 2% adicional a los 3.000 milmillonarios del mundo (fortuna superior a mil millones de dólares) permitiría recaudar entre 200.000 y 250.000 millones de dólares al año. Si el gravamen fuera del 3%, lo recaudado serían entre 307.000 y 384.000 millones de dólares. En el caso de España, la aplicación de un 2% en impuestos a los milmillonarios permitiría recaudar 3.300 millones de euros; y si se aplicara un 3%, 5.200  millones.

La ayuda al desarrollo, pese a sus defectos, funciona… Los programas de salud global, educación, seguridad alimentaria o protección evitan muertes, dignifican la vida de las personas y ofrecen consuelo y oportunidades donde no existían.

LAS PROPUESTAS

La Conferencia de Sevilla se presentaba como una oportunidad para corregir el rumbo y alzar la voz en favor de la cooperación.  "Estamos aquí en Sevilla para cambiar el rumbo, para reparar y poner en marcha el motor del desarrollo y acelerar la inversión a la escala y velocidad necesarias", decía el secretario general de la ONU, Antonio Guterres. También pidió que el incremento en el gasto en defensa no se produzca a costa de la financiación de la ayuda al desarrollo.

• Los países del Sur Global han reclamado medidas concretas y urgentes ante una situación que califican de “insostenible”. Y diversos colectivos sociales occidentales exigen que se construya justicia económica mundial y se aborde la crisis de la deuda, que se establezca una cooperación fiscal justa e inclusiva, que se financie la deuda climática y se fortalezca la cooperación al desarrollo.
• El llamado “Compromiso de Sevilla” recoge nuevamente la aspiración de destinar el 0,7% del PIB a la ayuda al desarrollo y  enuncia 130 medidas para conseguir más financiación: Reformar la arquitectura financiera internacional, mejorar la estructura fiscal, gravar las fortunas de los más ricos, aliviar la enorme deuda de los países en desarrollo transformándola en inversiones en energías renovables y pausándola en situaciones de catástrofes climáticas, impulsar proyectos de desarrollo,  colaboración entre entidades públicas y privadas…

El documento rezuma ambigüedad. Uno de los párrafos dice: "Iniciaremos un proceso intergubernamental en las Naciones Unidas con el fin de formular recomendaciones para cerrar las brechas en la arquitectura de la deuda y explorar opciones para abordar la sostenibilidad de la deuda, incluyendo el diálogo entre los estados miembros de las Naciones Unidas, el Club de París y otros acreedores y deudores oficiales, junto con el FMI y el Banco Mundial, otros bancos multilaterales de desarrollo, acreedores privados y otros actores relevantes" (!!!).

De poco sirve acordar 130 medidas con enunciados vagos y no son vinculantes. Nada garantiza que los países las apliquen. De los acuerdos tomados hace 15 años en la anterior Conferencia de Adís Abeba (Etiopía), solo 16% se pusieron en marcha.

Las ONGDs y demás organizaciones de la sociedad civil temen que, también ahora, todo se quede en palabras tan biensonantes como estériles… Denuncian que los países más ricos han eludido su responsabilidad de actuar frente a la creciente crisis de deuda, pese a que 3.400 millones de personas (el 42% de la población del planeta) viven en países que deben invertir más en el pago de la deuda que en educación y sanidad.

Las necesidades, dicen las ONGDs, son mucho mayores que los acuerdos. La ONU calcula que son necesarios cuatro billones de euros anuales para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible en 2030.

El documento de Sevilla no deja clara su opción por un modelo de desarrollo desde lo público, que garantice servicios universales y de calidad en salud, educación y cuidados, o en bienes públicos en sectores como la energía y el transporte. Más bien parece complacerse en la financiación privada (préstamos y similares) como pilar de la cooperación, dejando ésta en manos de los grandes fondos de pensiones, instituciones financieras y aseguradoras. Pero muchos dudan que sea ético y eficaz dejar el desarrollo de los pobres en manos de los especuladores.

Waldo Fernández