El año 2020 se caracterizó por una nueva disminución del uso de la pena de muerte en el mundo y, aunque la pandemia de COVID-19 contribuyó a la reducción del número de ejecuciones llevadas a cabo y de las condenas a muerte impuestas, también agravó la crueldad inherente de esta pena.
El número de ejecuciones conocidas disminuyó en un 26% respecto al total de 2019, lo que dio continuidad a la reducción que se registra año tras año desde 2015 y permitió volver a alcanzar la cifra más baja en más de 10 años. El número de países en los que se tiene constancia de que se llevaron a cabo ejecuciones (18) disminuyó en 2 respecto a 2019, lo que confirmó que el recurso a las ejecuciones continuaba circunscrito a una minoría de países.
Este considerable descenso estuvo vinculado principalmente a la importante reducción del número de ejecuciones en dos de los países que históricamente han comunicado cifras elevadas de ejecuciones (Arabia Saudí e Irak) y, en menor medida, a algunas interrupciones declaradas en respuesta a la pandemia de COVID-19. En Estados Unidos, el repunte de las ejecuciones federales se vio compensado en el recuento nacional debido en gran medida a las nuevas suspensiones de ejecuciones —o a la mayor lentitud en el cumplimiento de las órdenes de ejecución— en algunos estados como consecuencia de la pandemia de COVID-19. En Singapur se suspendieron ejecuciones debido a litigios, también por el impacto de las restricciones relacionadas con la COVID-19. El total global de nuevas condenas a muerte impuestas (al menos 1.477) disminuyó un 36% en comparación con 2019, en parte por las alteraciones y demoras causadas por la pandemia de COVID-19 en los procedimientos penales en todo el mundo.
Sin embargo, mientras el mundo se esforzaba por evitar la propagación del virus y proteger las vidas de las personas, se registraron aumentos alarmantes en el recurso a las ejecuciones en algunos Estados. Egipto triplicó con creces su cifra anual, mientras en Estados Unidos el gobierno de Trump autorizó y aplicó en julio la reanudación de las ejecuciones federales después de 17 años, y terminó ejecutando a 10 hombres en un periodo de cinco meses y medio. India, Omán, Qatar y Taiwán también reanudaron las ejecuciones judiciales.
En el contexto de un mundo paralizado por la pandemia, la inquietante determinación de las autoridades de algunos países de soslayar las medidas de carácter sanitario y continuar de forma implacable con las ejecuciones y las condenas a muerte añadió una capa adicional de crueldad al uso que hacen de la pena capital y subrayó aún más la urgencia de su abolición. Entre otros ejemplos, en Estados Unidos, autoridades estatales y federales se opusieron a las solicitudes de suspensión de las ejecuciones para, por ejemplo, permitir que una consejera espiritual acompañara a un hombre en sus últimos momentos, y en su afán de llevar a cabo ejecuciones, pusieron a abogados, funcionarios de prisiones y personas presas en riesgo de
contraer el virus. En China, hubo miles de ejecuciones y las cifras seguían siendo secreto de Estado, las autoridades anunciaron una campaña contra la delincuencia que afectó a las iniciativas de prevención de la COVID-19; además, autorizaron la tramitación acelerada de casos, lo que dio lugar a la ejecución de al menos una sentencia de muerte a una velocidad escalofriante.
Cuando las autoridades de muchos países procedieron a suspender las visitas a las prisiones y los procedimientos judiciales presenciales en respuesta a la pandemia, las personas que se enfrentaban a la pena de muerte quedaron durante periodos prolongados sin contacto social y —algo fundamental— con restricciones de acceso a sus representantes legales. Algunos Estados optaron por continuar con la pena de muerte a pesar de todo, por lo que la pandemia no sólo entrañó un riesgo elevado para la salud de las personas presas y todas las partes interesadas implicadas en el proceso, sino que también dificultó el acceso a representación letrada y otras garantías en materia de justicia procesal, que son salvaguardias fundamentales que deben respetarse en todos los casos de pena capital.
La evolución mundial de la pena de muerte en 2020 confirmó también las tendencias de los últimos años, en los que el mundo avanzaba de forma continuada hacia su abolición. En mayo, Chad abolió totalmente la pena de muerte y se convirtió en el quinto país africano en dar este paso en el último decenio. 2 En septiembre, Kazajistán firmó el Segundo Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, destinado a abolir la pena de muerte, y en diciembre tomó medidas para ratificarlo. No se registraron ejecuciones en Bahréin, Bielorrusia, Japón, Pakistán o Sudán, países que sí las habían llevado a cabo en 2019. La Federación Rusa, Gambia, Kazajistán, Malasia y Tayikistán siguieron aplicando moratorias
oficiales de las ejecuciones. En Estados Unidos, Colorado se convirtió en el estado abolicionista número 22, y las suspensiones de las ejecuciones ordenadas por los gobernadores continuaron durante el año en California, Oregón y Pensilvania; Ohio reprogramó todas las ejecuciones previstas.
En otra señal de avance, Barbados concluyó en enero reformas para eliminar la pena de muerte preceptiva, y en abril las autoridades de Arabia Saudí anunciaron el final del uso de la pena de muerte contra personas menores de 18 años en el momento de cometerse el delito en casos no relacionados con la ley antiterrorista. En julio, las autoridades de Sudán abolieron el uso de la pena de muerte por apostasía.
En diciembre, en la sesión plenaria de la Asamblea General de la ONU, un número sin precedentes de Estados (123) apoyaron la adopción de su resolución bienal que exhorta a establecer una moratoria de las ejecuciones con miras a abolir totalmente la pena de muerte, es decir, 19 votos más que en 2007, año en el que se adoptó la primera resolución de la Asamblea General sobre este asunto. Corea del Sur, Jordania, Líbano y Yibuti apoyaron por primera vez la petición de moratoria de las ejecuciones de la ONU. Filipinas, Guinea, Nauru y República del Congo, que se abstuvieron o votaron en contra de la resolución de 2018, también la apoyaron, mientras que Yemen y Zimbabue pasaron de la oposición a la abstención.
A pesar de algunos retrocesos y desafíos adicionales relacionados con la pandemia de COVID-19, el avance del mundo hacia la abolición global de la pena de muerte no se detuvo. Ahora es más decisivo que nunca dar nuevos pasos, en todos los niveles, para asegurar que 2021 no se convierte en el año en que todo este avance se revierte.