Javier Aguilera, fraile dominico y miembro de la Delegación de Sevilla de Acción Verapaz, ha redactado este texto para denunciar la criminalización de la solidaridad por parte de los Estados y también de la sociedad. Tanto organizaciones civiles como personas concretas se ven limitadas e incluso penalizadas con multas o cárcel por prestar auxilio en fronteras y mares a seres humanos en riesgo de muerte o en condiciones infrahumanas de vida. ¿Por qué? Por ser migrantes que intentan acceder a nuestras acomodadas sociedades, neuróticas de la seguridad y el bienestar egoísta a toda costa.
Javier nos confronta como personas, como sociedad civil y como habitantes de estados que se dicen "de Derecho". “Somos nosotros, los ciudadanos de a pie, los que tendríamos que ejercer presión cuando vemos que nuestros gobiernos no cumplen con la defensa de estos derechos y encima criminalizan a aquellos que intentan llevarlo a cabo”.
“Salvar la vida de las personas no puede ser nunca un delito y sí una obligación de las personas y de los estados. No podemos negar el auxilio a las personas, hombres y mujeres, niños y niñas, que ven en peligro su vida o su libertad”.
Os dejamos el texto de denuncia:
He pasado un tiempo pensando en cómo iba a enfocar este escrito, pues no lo tenía claro. No sabía si hacerlo como un informe, mostrando ejemplos de personas y colectivos que han sido criminalizados por ejercer la solidaridad y ayudar a las personas migrantes, y desde estos datos realizar una denuncia, o hacerlo sin tanto dato, pero expresando lo que este tema a mí me provoca. Al final, he decidido escribirlo teniendo presente esta segunda opción.
Quizás a todos se nos llena la boca cuando hablamos de la necesidad de la defensa de los derechos humanos, sobre todo cuando nos encontramos con personas que sufren la conculcación y la violación de tales derechos, sean cuales sean y en el lugar que sean. ¿Quién no se duele cuando ve las imágenes de desastres naturales que dejan hogares destrozados y personas sin posibilidad de futuro y de vida en su propia tierra? ¿Quién no se espanta con el horror de la guerra y la violencia en Siria y con la muerte de tantas personas? ¿Quién no vive como una injusticia la persecución de hombres y mujeres y su asesinato por defender el derecho y el cuidado de su propia tierra? ¿Quién no se conmueve con la muerte de tantas personas en el Mediterráneo? ¿Quién…?
Si creemos que esto es así ¿qué es lo que pasa para que nos situemos en posiciones contrarias a la defensa, ayuda y acogida de estas personas? El problema es que estas situaciones ya no quedan lejos de nosotros, sino que nos tocan y nos tocan de lleno, porque si quieren vivir, si quieren tener un futuro, tienen que salir de su país. Esto los trae al “nuestro”, a los “nuestros”. Sí, nos están pidiendo ayuda, están clamando por nuestra solidaridad. Y nosotros, a muchos de ellos, les cerramos las puertas. A muchos de ellos, les dejamos morir, en el Mediterráneo, en el desierto, en las garras de la trata de personas… Sí, cerramos los ojos, porque lo contrario sería implicarnos y todos sabemos que implicarse significa complicarse. ¿Y quién quiere complicarse la vida?
Algunos diréis que todavía no he hablado nada de la criminalización, pero todo a su tiempo. Es importante mirar primero nuestra actitud frente a estas situaciones, antes de hablar sobre la criminalización, a la que muchos gobiernos y muchas personas atribuyen a las personas migrantes y a quienes les ayudan. Somos nosotros, los ciudadanos y ciudadanas de a pie, los que tendríamos que concienciarnos sobre el deber de acogida a refugiados y migrantes, los que tendríamos que sensibilizar sobre la defensa de los derechos de estas personas: el derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad; el derecho a no ser sometido a esclavitud ni servidumbre; el derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión; el derecho a no ser discriminado por la raza, color, sexo, idioma, religión; el derecho a migrar, el derecho a... Somos nosotros, los ciudadanos de a pie, los que tendríamos que ejercer presión cuando vemos que nuestros gobiernos no cumplen con la defensa de estos derechos y encima criminalizan a aquellos que intentan llevarlo a cabo.
Esto último no es una exageración, es una realidad. En el documento de posición de Cáritas Europa, “La criminalización de la solidaridad hacia los migrantes”, de 20 de junio de 2019, Caritas denunciaba la criminalización que se está dando en muchos países, el aumento de la presión hacia las OSC y ONGs. Y nombraba, entre esos muchos países, a España.
“En España, una ley prohíbe documentar (a través de imágenes, videos) las intervenciones de las fuerzas de seguridad y prevé una multa de hasta 600.000 euros. Esta ley restringe el margen de maniobra de las OSC y los periodistas para documentar la violencia y los abusos cometidos por las fuerzas de seguridad hacia los migrantes, en Ceuta y Melilla, donde se producen rechazos regularmente. Tras una investigación fallida contra ella en España, la periodista y activista de derechos humanos española Helena Maleno, fue llevada a los tribunales en Marruecos por acusaciones de colaboración con traficantes debido a su trabajo para proteger a los migrantes en el mar Mediterráneo entre Marruecos y España. Finalmente fue absuelta en abril de 2019 por falta de pruebas."
Pero, si echáramos un vistazo a nuestra memoria o a la hemeroteca, nos podríamos encontrar con Scott Warren, acusado de colaboración con la inmigración irregular por acoger a dos sin papeles tras cruzar la frontera de Sonora, entre México y EE.UU. O de Miguel Roldán y Manuel Blanco, bomberos malagueño y sevillano respectivamente, acusados los dos de tráfico de personas, por auxiliar a migrantes en las costas de Libia, el primero, y de Lesbos, el segundo. Y cómo no acordarnos de la capitana del barco “Sea – Watch”, Carola Rackete, detenida por forzar su ingreso en el puerto de Italia con 40 emigrantes a bordo que había rescatado del Mediterráneo. Y así podríamos seguir.
Ante esto no podemos callar ¡hemos de levantar la voz!
No negamos que haya que regular el derecho de asilo, pero no podemos dejar que sea el Mediterráneo o el desierto el que decida sobre la posibilidad de asilo, refugio o residencia de la personas migrantes.
Salvar la vida de las personas no puede ser nunca un delito y sí una obligación de las personas y de los estados. No podemos negar el auxilio a las personas, hombres y mujeres, niños y niñas, que ven en peligro su vida o su libertad.
Se ha de terminar con la criminalización de las ONGs o de las personas voluntarias que intentan, con su acción, salvar vida y ayudar a las personas a que puedan desarrollar su vida de una manera digna.
Hemos de exigir, como ciudadanos y ciudadanas, el acuerdo entre todos los Estados de la Unión Europea para la acogida a los refugiados. No es solo una cuestión de solidaridad sino de Justicia.
Hemos de exigir, con nuestra legítima presión, que no sigan criminalizando a tantos colectivos y personas que lo único que hacen es poner su vida al servicio de una sociedad mejor para las personas que más sufren y menos tienen.
Javier Aguilera
Delegación de Acción Verapaz Sevilla