Trece colectivos y organizaciones sociales se concentraron el 16 de diciembre en el Centro de Salud Paseo Imperial para denunciar las politícas de exclusión sanitaria de la Comunidad de Madrid, la baja de miles de personas del Sistema Sanitario, y el modelo de segregación que suponen las nuevas Unidades de Tramitación para extranjeros.

Desde la puesta en marcha en el 2012 de la ley de exclusión sanitaria, el acceso a la atención sanitaria para las personas extranjeras se ha convertido en una carrera de obstáculos, tanto que las denegaciones de atención, o los problemas con la continuidad de la atención son experiencias cotidianas, que se han prolongado hasta la fecha. Situaciones que no han quedado resueltas tras el RDL 7/2018, que en teoría venía a garantizar el acceso universal al sistema sanitario.

La Comunidad de Madrid ha tardado más de tres años en regular la aplicación del RDL 7/2018. Durante estos tres años la confusión en la aplicación del derecho a la atención sanitaria y la arbitrariedad se han convertido en norma, eligiendo casi siempre la interpretación más restrictiva. Recientemente, la Consejería de Sanidad ha regulado el procedimiento de acceso para las personas sin permiso de residencia y lo ha hecho vulnerando los derechos de las personas afectadas.

La Comunidad de Madrid ha creado siete Unidades de Tramitación para extranjeros, una por cada dirección asistencial. Estas unidades son las encargadas de examinar los documentos y tramitar el alta de las personas solicitantes de protección internacional y de las personas sin permiso de residencia. Las consecuencias de esta medida son graves:

• Se segrega la atención a las personas extranjeras, de modo que mientras una persona de nacionalidad española puede acercarse a su centro de salud para realizar trámites de tarjeta sanitaria, las personas extranjeras no podrán hacerlo
• Se distancia y se invisibilizan las dificultades de acceso. Algunas personas tendrán que desplazarse más de 100 km para hacer un trámite que antes hacían en su centro de salud. Como ejemplo, en la Unidad de Tramitación del Paseo Imperial deben tramitar su derecho a la asistencia ciudadanos de poblaciones como Cercedilla, Guadarrama o Santa María de la Alameda. O en el C.S. Castroviejo, del distrito de Moncloa, tendrán que acudir desde La Hiruela, Puebla de la Sierra, Canencia o Rascafría.
• Las personas extranjeras, a diferencia del resto de ciudadanos, sólo pueden lograr ser atendidas con cita previa, cita que sólo pueden obtener en el centro de salud tras constatar que poseen todos los documentos exigidos. Esto ya está generando un retraso en la posibilidad de obtener asistencia sanitaria. En las pocas semanas que llevan en marcha, se ha generado lista de espera que está haciendo que, por ejemplo, a fecha 9 de diciembre, en la Unidad de la Dirección Asistencial Sureste no den cita hasta febrero y la Centro hasta marzo. No habiéndose previsto ninguna vía para tramitar con más celeridad el alta de personas que sufren alguna enfermedad que no admite demoras en su atención. Durante esos meses de espera, no tendrá atención y si acude a urgencias la atención será facturada como quien acude a un hospital privado.
• A estas unidades deben acudir los solicitantes de protección internacional tanto para la solicitud de alta como para renovaciones posteriores, las nuevas solicitudes de personas sin permiso de residencia, los miles de personas a quienes se les ha dado de baja que intentan recuperar el derecho, y otros miles a quienes se les ha mantenido el alta, pero se les ha dado un plazo de 3 meses para aportar de nuevo la documentación.
• La Comunidad de Madrid está transmitiendo la idea de que estas Unidades mejorarán la atención a las personas extranjeras, pero, que se haya pasado de tramitar el alta en algunos de los 262 centros de salud de la comunidad a tan sólo 7, está generando un cuello de botella, una barrera burocrática que supone una vulneración del derecho a la asistencia.

También denunciamos que, de forma previa a las nuevas Unidades de Tramitación, la Comunidad de Madrid ha realizado lo que ellos denominan una “depuración de bases de datos” que ha supuesto la baja de miles de personas del Sistema Sanitario. Estas bajas se han realizado sin información previa, sin solicitar documentación complementaria y sin ofrecer un plazo para reacreditar el derecho.

Desconocemos los criterios que se han seguido para tramitar dichas bajas, pero de lo que tenemos constancia directa es que, en muchos casos, se ha dado la baja a personas cuya situación administrativa no había variado y que, por tanto, deberían seguir teniendo asistencia sanitaria.

Tenemos constancia de interrupciones de tratamientos de terapia antirretroviral para el VIH en hospitales como Valdemoro, Torrejón o Fundación Jiménez Diaz, de la suspensión de una cirugía programada como preferente, de una mujer con cuatro costillas rotas a la que se ha dado de baja, o de varias personas con medicaciones crónicas que ya no pueden acceder a su tratamiento. Incluso de una madre y su hijo de 18 meses que han sido dados de baja y que tardarán semanas o meses en recuperar el derecho.

En el caso de las personas con infección de VIH, las interrupciones de tratamiento no sólo son un perjuicio para la salud de las personas, sino que pueden aumentar el riesgo de transmisión y la posibilidad de generar resistencias a los antirretrovirales.

Coincidiendo con la concentración realizada y la rueda de prensa hemos acompañado a varias personas que habían sido dadas de baja, para intentar recuperar el acceso a la atención sanitaria. Hemos acudido a la Unidad de Tramitación sin cita previa, para visibilizar la barrera burocrática que supone la existencia de estas Unidades y de los nuevos procedimientos administrativos.

A pesar de que el RDL 7/2018 recoge que las personas en situación de estancia temporal podrán tener acceso al sistema sanitario con un informe favorable de los servicios sociales, la Comunidad de Madrid ha preferido ignorar esta parte de la ley y no ha regulado esta vía de acceso. Tampoco está dando solución a las personas que tienen dificultades para empadronarse o que han perdido su documentación.

Esto supone que quedan excluidas las personas que no pueden acreditar mediante empadronamiento que llevan al menos 90 días residiendo en España. Esta exclusión se aplica sin excepciones, ya se trate de menores, mujeres embarazadas o personas con enfermedades graves cuya atención no debería demorarse.

Por todo ello, las organizaciones convocantes demandamos:

• Alta inmediata a los miles de personas dadas de baja y, si precisan aportar documentación, que se les informe y se les den plazos suficientes para hacerlo antes de proceder a su baja.
• Cierre de las UT y recuperación de la gestión de los trámites en los centros de salud, reforzando si es preciso los centros de salud que tengan mayor carga administrativa.
• Que se cumpla el RDL 7/2018 en todo su articulado y se regule la vía del Informe social para personas que llevan menos de 3 meses, así como que se dé solución a las personas con dificultades de empadronamiento o de identificación.
• Que se atienda a todas las personas que lo requieran sin generar procesos de facturación a las personas que no disponen de medios para hacerlas frente.