La crisis por la que está atravesando Nicaragua en esta segunda etapa de gobierno sandinista es extremadamente grave. Esta situación se agudizó en abril del 2018 con el despertar de la conciencia crítica que se manifestó en las multitudinarias protestas populares. El pueblo cansado de múltiples violaciones a los derechos humanos, especialmente los jóvenes -que se pensaba había perdido el interés por los problemas que afectaban al país-, salió espontáneamente a la calle reclamando respeto y defendiendo los derechos fundamentales para lograr la construcción de una sociedad participativa y democrática.

La respuesta del régimen de Ortega-Murillo a las masivas manifestaciones en su contra fue la embestida represiva denominada “vamos con todo” para acallar las críticas y reprimir todo intento de organización que pudiera poner en peligro su “estatus en el poder”.

La pareja Ortega-Murillo trató de sofocar a la gente insurreccionada proponiendo un diálogo con los movimientos y grupos de la sociedad civil, e invitó a la Conferencia Episcopal a coordinar esta propuesta. La estrategia no resultó, debido a que los movimientos opositores se organizaron reclamando un cambio en la orientación de la política en el país; proponiendo adelantar las elecciones y así lograr adecuadamente la solución a los problemas planteados, ofreciendo un conjunto de criterios, con el fin de que las elecciones fueran justas, libres y transparentes.

El régimen interpretó estas peticiones como un intento de golpe de estado. Dio largas al proceso de diálogo, mientras reorganizaba a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado nicaragüense y personas armadas civiles para reprimir a los manifestantes y controlar todo conato de oposición en el pueblo.

• EL PAPEL DE LA IGLESIA ANTE ESTA SITUACIÓN

En este proceso de persecución la Iglesia ha jugado un papel destacado. En mayo de 2014, la Conferencia Episcopal de Nicaragua (CEN) sostuvo un encuentro con la pareja presidencial en la Nunciatura Apostólica, donde el Episcopado hizo entrega de un documento, en el cual se hacía un análisis profundo de las problemáticas más importantes del país.

Los obispos de Nicaragua en esa ocasión pedían un cambio de ruta en las políticas gubernamentales. Este es el trasfondo del problema, que el régimen tiene con la Iglesia, y que se agudizó con el despertar de la conciencia del pueblo en abril 2018. La pareja presidencial interpreta hasta la actualidad que este análisis episcopal y las reflexiones hechas por la jerarquía católica como una oposición a su proyecto político. Como resultado, las tensiones entre la Iglesia y el Estado nicaragüense han venido in crescendo.

El orteguismo respondió expulsando del país a la cabeza pensante del Episcopado, monseñor Silvio Báez, obispo auxiliar de Managua. Para justificar dicha decisión creó un relato falso, acusando a este  religioso de estar conspirando en contra del gobierno,     y a la vez el relato ofrecía una narrativa desfavorable a la persona del obispo.

La Iglesia ha desempeñado un papel determinante desde el estallido del conflicto social surgido en abril de 2018 acompañando al pueblo, acogiendo a los manifestantes en los templos, sacerdotes alzando su voz para denunciar la violación de los derechos humanos, especialmente, defendiendo la vida de los manifestantes. Así, la institución se convierte en el único espacio que puede convocar al pueblo en la defensa de sus libertades fundamentales.

En este contexto,  surge la figura del obispo de Matagalpa, monseñor Rolando Álvarez. En sus homilías no dejaba de hablar de la defensa de los derechos del pueblo asediado y perseguido. Un pastor con olor a oveja, como propone el papa Francisco, quién ha sido condenado a 26 años de prisión bajo falsas acusaciones de “traición a la patria” y “difusión de noticias falsas” en contra del régimen nicaragüense. Mencionar su nombre en las homilías, hacer una oración pública en la comunidad cristiana significa correr el riesgo de ser detenido y apresado.

En el pasado, este obispo ya se había manifestado en distintas ocasiones contra la economía extractiva de los recursos naturales promovida por el gobierno. Monseñor Rolando tiene una gran acogida en su diócesis y promueve grandes convocatorias a sus fieles, sobre todo a la población rural del norte del país.

Como parte de su pastoral ha invitado a celebrar romerías, peregrinaciones a distintos santuarios, vigilias y encuentros masivos. Tan solo en una convocatoria realizada por el obispo para un acto religioso puede aglutinar a más de 30 mil peregrinos.

• RESPUESTA DEL RÉGIMEN A LA IGLESIA

Esta capacidad de convocatoria mantiene profundamente inquieto al régimen, pues detrás de esas manifestaciones religiosas siempre existe la sospecha por parte de la pareja presidencial que son actividades contrarias al “sandinismo”.

La estrategia montada para terminar con estas convocatorias es callar la voz del pastor y de los líderes religiosos cercanos a él. Para lograrlo, en agosto de 2022, el régimen encarceló al obispo y a los agentes de pastoral que lo acompañaban. El régimen estuvo presionando hasta el final a la Iglesia para negociar la salida del obispo Álvarez del país o privarlo definitivamente de su libertad.  Con esta actuación de la pareja Ortega Murillo ofrece un ejemplo a seguir para imponer el silencio en los agentes de pastoral por el miedo, la persecución y la cárcel. Diez sacerdotes, un diácono y seminaristas fueron encarcelados, de los cuales varios ya han sido condenados a 8 y 10 años de prisión o han sufrido el destierro, la pérdida de la nacionalidad y sus derechos civiles.

Para justificar estas decisiones, el orteguismo crea un relato acusando al obispo de conspirar contra el gobierno y promover noticias falsas que menoscaban la integridad del país. Con esta estrategia, trata de acallar la voz profética del pastor y promover el temor y miedo entre su feligresía, especialmente  entre el clero.

Para conseguir acallar la voz profética de la Iglesia, el régimen ha procedido a asediar, perseguir y controlar toda manifestación religiosa. Se han proscrito las procesiones populares de las fiestas patronales, amenazando con cárcel a los sacerdotes y agentes de pastoral laicos que puedan tener un cierto liderazgo en la población. Así mismo, monitorea la participación de los fieles en los actos litúrgicos provocando miedo e intimidación, y controla las entradas de religiosos y sacerdotes nacionales y extranjeros al país.

Actualmente,  más de 20 sacerdotes, religiosos y religiosas nacionales y extranjeros han sido expulsados o se le ha denegado el ingreso al país, cuando habían salido de Nicaragua por distintos motivos. Entre los expulsados destacan el Nuncio Apostólico y las religiosas de la Congregación de la Madre Teresa de Calcuta.

La finalidad emprendida por la pareja presidencial con este tipo de persecución es controlar al máximo la influencia religiosa del pueblo católico, a la vez que manifiesta miedo al proyecto defendido por el liderazgo de sacerdotes y agentes de pastoral laicos, que insisten en sus predicaciones en la protección de la dignidad de la persona y sus derechos humanos fundamentales: libertades públicas y libertad religiosa etc.,  defensa del Estado Social de Derecho; así como participación democrática en la lógica de la cultura occidental.

Por su parte, el régimen propone otro modelo de sociedad. En primer lugar habla de la libertad, la autodeterminación y soberanía nacional como primer punto de partida para luchar por la independencia de los poderes imperiales, que históricamente han sometido a Nicaragua. Establecer el partido único, con una visión diferente de la participación ciudadana en la sociedad y en las determinaciones políticas, acusando a los opositores de estar financiados por el gobierno de los EE.UU. y la Unión Europea para seguir sometiendo al pueblo.

• EL PROBLEMA DE FONDO

En esta dualidad de visiones sobre el futuro del país, la que puede liderar en este momento la oposición al orteguismo es la Iglesia. Por eso arremete contra ella. Los partidos políticos tradicionales están coludidos con el poder, no tienen liderazgo, ni gozan de la confianza del pueblo. Sus líderes están presos o tuvieron que huir del país.

La oposición lanzada fuera del país no tiene una propuesta política unitaria. Por eso la táctica emprendida por la pareja Ortega-Murillo es terminar con el liderazgo de los agentes de pastoral: obispos, sacerdotes y laicos, creando miedo y ahuyentando al pueblo católico de la participación religiosa. Del mismo modo, fortaleciendo la división religiosa por medio de los grupos evangélicos sin un liderazgo común que los aglutine, ni planteamientos para promover un compromiso en la sociedad.

Esta estrategia fue promovida en el inicio de los años 80 por la administración de Ronald Reagan para dividir la fuerza social y el liderazgo de la Iglesia católica, que en esos tiempos se promovía la renovación eclesial animada por las directrices del Concilio Vaticano II y de la II Conferencia del Episcopado Latinoamericano en Medellín.

En esa época, el gobierno norteamericano veía como un riesgo a sus intereses geopolíticos el surgimiento de una pastoral comprometida con la dignidad de la persona y la participación de los laicos en la sociedad animados por la naciente Teología de la Liberación. Es en este contexto, que se promovió desde Washington la introducción de sectas o las iglesias libres de tradición evangélica. Hoy, estas comunidades religiosas convocan al cuarenta por ciento si no es más de la población. En diversos gobiernos latinoamericanos juegan un papel determinante para la toma de decisiones políticas. Un ejemplo claro lo encontramos en las últimas elecciones generales del Brasil.

Sin embargo, el problema que la pareja Ortega-Murillo se plantea con la Iglesia católica es mayor, va más allá de controlar o manipular la fuerza política que puedan tener sus manifestaciones religiosas. El régimen plantea enfrentarse con la tradición católica directamente. Rosario, la vicepresidenta, comparte el poder con Daniel en términos de igualdad. Ella tiene una experiencia religiosa esotérica, se relaciona con chamanes y hace encuentros con brujos. En su juventud estuvo unida al movimiento hippie. Se formó en Europa. Todos los signos que envuelven la ciudad de Managua, entre ellos el “árbol de la vida”, tienen este sentido esotérico.

En este contexto, Murillo se presenta a sí misma como “la matrona” del pueblo. En sus repetidos discursos se presenta como “la madre” preocupada por el bienestar de los hijos. Habla un lenguaje religioso para atraer al pueblo sencillo, usando términos bíblicos de la tradición evangélica y jugando con los símbolos propios de la religiosidad católica, promoviendo un sincretismo religioso.

¿Qué pretende Murillo con esta promoción del esoterismo? Muy sencillo. El cristianismo llegó a América con los conquistadores europeos. Es una religión impuesta y legitimadora de los distintos imperios, que se han sucedido en estos quinientos años. El pueblo de Nicaragua, al igual que el resto de América Latina, es muy religioso, su cultura se manifiesta con expresiones religiosas.

Para la vicepresidente de Nicaragua, el pueblo tiene que liberarse de esa religión traída e impuesta por los conquistadores, legitimadora de la dominación imperial. Para eso hay que promover la religión de sus ancestros, su cosmovisión, sus tradiciones, que actualmente se expresan en los sincretismos de la religión popular. Para ello, los líderes del orteguismo tienen que promover la cultura popular marcada por las tradiciones ancestrales, y liderar sus manifestaciones religiosas.

Este planteamiento va contra toda reforma pastoral promovida por la Iglesia posconciliar. El Concilio se abrió a un diálogo con la modernidad y ofrece una renovación teológica y pastoral a la luz de la racionalidad del Siglo de las Luces. Esto choca con la cosmovisión de los pueblos originarios de América Latina. Destacar esa cultura y con ella su cosmovisión religiosa es el proyecto ideológico de Rosario Murillo.

En principio no se ve una gran contradicción, pues el surgimiento de la Teología India insiste en valorar las cosmovisiones de los pueblos originarios. El problema que se destaca en este intento de promover esta religión es querer liderar desde el poder “sandinista” sus manifestaciones y ponerla al servicio de una ideología determinada: el “sandinismo”, perdiendo así su autonomía y el papel profético-crítico que puede tener toda manifestación religiosa.

Por otro lado, pareciera una visión un tanto ingenua querer desechar de la cultura y del pueblo nicaragüense la influencia que la tradición cristina ha tenido y sigue teniendo en estos 500 años  de presencia de la Iglesia  con sus luces y sombras a lo largo de la historia.

• LA ESTRATEGIA DEL GOBIERNO AL PROBLEMA RELIGIOSO

La vicepresidenta Murillo ha propuesto promover la religiosidad popular en torno a las fiestas patronales y a los santos con más arraigo en la devoción de la gente: La Gritería en la fiesta de la Purísima, Santo Domingo en Managua, San Sebastián en Diriamba, San Jerónimo en Masaya, despertar y promover la tradición a San Pascual Bailón en Chinandega con sus danzas y bailes indígenas. El partido oficialista en Nicaragua tiene que liderar el rescate de estas tradiciones y animarlas. Para lograr ese objetico los sandinistas deben meterse de lleno en las cofradías, en las comisiones de fiestas religiosas y movimientos apostólicos.

En el fondo de este planteamiento está la visión que la religiosidad popular es autónoma de la jerarquía eclesiástica. Son los laicos y presidentes de cofradías los verdaderos líderes de estas manifestaciones propias del sincretismo religioso, y si las lideran los sandinistas pueden jugar un papel ideológico determinante en la masa popular sencilla y pobre con muy poca formación crítica.

A la vez propone acompañar al clero y ofrecerle apoyo económico para sus proyectos pastorales e incluso personales, así lograr que los sacerdotes se pongan del lado del gobierno; organizar con este fin  un conjunto de militantes sandinistas para acompañar este proceso. Esta estrategia dio resultado. Varios sacerdotes, religiosos y obispos, hasta el cardenal entraron en ese juego y recibieron apoyo económico para organizar centros de pastoral, promover dispensarios parroquiales o recibir asistencia médica. Lo que logra el régimen con esta política es controlar la libertad de la Iglesia para anunciar el evangelio,  haciendo que pierda su autonomía y apagando así la vocación profética. En parte el silencio de la Conferencia Episcopal en el ambiente de persecución y asedio que viven los católicos encuentra aquí su explicación.

Hasta abril del 2018 funcionó este plan. La agresión al pueblo, la represión y persecución indiscriminada contra la gente, que se manifestara con un signo crítico al gobierno, hizo  que los sacerdotes favorecidos con estos proyectos se distanciaran del régimen. Este es un elemento más para comprender la agresividad de la Vicepresidenta contra la Iglesia. Su proyecto de control del clero no ha tenido los resultados  esperados desde el 2018.

El plan de convertirse en la líder del sincretismo religioso no ha tenido éxito, pues apenas un grupo de fanáticos del régimen repinten sus consignas sin conciencia de lo que se afirma. ¿Cómo enfrentar estos desafíos en la sociedad nicaragüense, y sobre todo el papel liberador que puede jugar la Iglesia?

Pedro Lanzas