La globalización que no se dice: las máquinas son del Norte, el Negoción, también; las víctimas son de acá.

Y el gobierno local, garantizando la invasión. La invasión que no cesa…

En verdad que duele, duele demasiado este mundo nuestro.

[Fernando Suazo]

El pasado día 23 de mayo más de 70 radiopatrullas y buses y un aproximado de 500 agentes llegaron a San José del Golfo -con uso de fuertes cantidades de dinero del Estado- y desalojaron la comunidad en resistencia para imponer su empresa minera. Se hizo sin que existiera justificación legal para hacerlo, sólo para la protección de la maquinaria de la empresa. La empresa también ha recurrido al manejo mediático encontrando eco en medios de comunicación corporativos, realizando ante la opinión publica formas de criminalización de la forma organizativa y lucha pacífica de las comunidades.

Durante los últimos dos años, la empresa estadounidense Kappes Kassiday & Associates –KCA- y la guatemalteca EXMINGUA se han encargado de violentar y alterar la tranquilidad de la vida en San José del Golfo y San Pedro Ayampuc. EXMINGUA es una empresa dirigida por militares y ex funcionarios públicos vinculados a las actividades extractivas. Movilizan y utilizan a “trabajadores mineros” como grupo de choque contra la población, distribuyen volantes con campañas de difamación, agreden a defensores de derechos humanos, coaccionan y amenazan incluso de muerte a periodistas.

Antecedentes inmediatos y razones de fondo

Desde diciembre del 2012 las comunidades en resistencia pacífica se han mostrado abiertas a dialogar con el Gobierno y resolver esta problemática causada por la empresa. Muchas han sido las artimañas usadas por el gobierno para que este proceso no sea viable, entre ellas cancelar la última reunión o violaron el ejercicio de la libertad de expresión de varios comunicadores.

Antonio Reyes, delegado comunitario de San José del Golfo, nos daba luces de cómo las comunidades interpretaron el rompimiento del diálogo por parte del SNDP (Sistema Nacional de Diálogo Permanente), previendo que la agresión estaba ya en camino:

“Vemos con preocupación cómo el Sistema Nacional de Dialogo busca manipular irresponsablemente este tipo de reuniones. Nos preocupa y queremos denunciar públicamente que el Gobierno está buscando estrategias para criminalizar a la resistencia pacífica. Responsabilizamos al poder ejecutivo de cualquier incidente que pueda ocurrir en nuestras comunidades”.

Se cometieron todo tipo de abusos

Desde las cinco de la mañana del día 23 de mayo, la resistencia pacífica que lleva instalada en La Puya más de dos años negándose a las actividades de la mina El Tambor, despertó con la presencia de las radiopatrullas de la Policía Nacional Civil –PNC. Para medio día ya eran cientos de policías. Su presencia en sí misma no sólo intimidaba, sino que además iban armados: “vimos a muchos elementos de la PNC con armas de grueso calibre”.

Al frente venía el comisario Pedro Esteban López García, que con prepotencia y violencia amenazó con arrestar a Yolanda Oquelí, una de las representantes de la resistencia pacífica. Ella le pidió que mostrara si llevaba alguna orden, ante la solicitud el respondió que no necesitaba llevar ninguna orden de aprensión o de desalojo porque él llevaba un “mandato”. A pesar del permiso de Gobernación que la resistencia pacífica tiene para manifestarse en la entrada que conduce al proyecto minero, la Policía Nacional Civil exigió a la gente que no interviniera para que la maquinaria de la empresa pudiera pasar. Se le pidió a la policía esperar la llegada de la Procuraduría de los Derechos Humanos – PDH y de la oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de las Naciones Unidas – OACNUDH.

A esto el comisario respondió varias veces de forma abusiva refiriéndose a la PDH y a la OACNUDH como “huevones” y dijo que “ellos están durmiendo a esta hora” Luego agregó: “esta gente tiene que pasar a McDonald’s a desayunar y yo no los puedo esperar”. Yolanda Oquelí le pidió más respeto y que no abusara de su autoridad.

A eso de las siete de la mañana llegaron los antimotines acompañando el traslado de la maquinaria y de los personeros de la empresa norteamericana Kappes Kassiday & Associates -KCA- y de su subsidiaria Exploraciones Mineras de Guatemala S.A. –EXMINGUA-. “Se colocaron los antimotines en frente de nosotras. Ése es el coraje que tenemos: que protejan a una empresa y no nos protejan como personas”.

Las instancias de Derechos Humanos pasaron por un momento difícil, pues no lograron alcanzar acuerdos con su mediación, el desalojo por parte de las fuerzas de seguridad era inminente.

“Tienen 10 minutos para abandonar el lugar voluntariamente, todos los que sean detenidos van a ser puestos a disposición judicial” dijo el comisario de la policía a la población que rezaba y cantaba para sentir más fuerza, en su mayoría eran mujeres, también había niñas y niños.

Llegado el medio día, la gente de la resistencia pacífica, mujeres, hombres, niños, niñas, ancianas defendiendo la vida, se encontraban prácticamente acechadas y amenazadas por hombres violentos, dispuestos a todo con armas, bombas, cascos, esperando órdenes superiores. Eran los miembros del pelotón antimotines de la PNC, detrás acechaban los camiones encendidos, cargando la maquinaria pesada de la empresa. La resistencia se organizó, como otras muchas veces, a base de rezos y cantos religiosos de cientos de personas arrodilladas, sentadas, oponiéndose con sus cuerpos a la agresión gubernamental y empresarial.

Desde el inicio de La Puya, la resistencia ha sido completamente respetuosa de la ley, ni un solo vehículo ha dejado de circular libremente por esta ruta, las únicas veces que se violenta el derecho de libre locomoción han sido cuando la empresa y Gobernación la bloquean con su maquinaria, o los contingentes de trabajadores que utiliza la empresa como grupos de choque o la fuerzas de seguridad para resguardar la maquinaria o para reprimir ilegalmente, tal y como lo ocurrido este viernes 23 de mayo.

Como las mujeres, niños, ancianos no se movían de sus lugares, la policía hizo el desalojo a base de gases lacrimógenos, gas pimienta y del uso de la fuerza contra personas desarmadas. En medio del humo y las lágrimas provocadas por la explosión de no menos de cien bombas se procedió a detener a la gente, a atacar a testigos y periodistas.

Hubo gente que, intoxicada, se retiraba a los cerros cercanos, pero la policía los seguía hasta allá. Los demás resistían. Doña Eudora lo decía así: “la policía está apedreándonos, intentamos resistir pero nos están tirando piedras y gases”. Una de las mujeres de la resistencia nos dijo “la policía nos golpeó con nuestras sillas de plástico dándonos en la cabeza, muchas salimos lastimadas”

Yolanda Oquelí no podía reprimir el llanto y denunciaba: “…a la cara le disparaban a las mujeres y le rompieron la frente con las bombas lacrimógenas. Hay mujeres heridas y no permiten que entren las ambulancias. Es horrible ver tanta cantidad de gente que están sacando herida en carros porque no quieren que entren las ambulancias”.

Se lanzaron en contra de la comunidad, nos agarraron a patadas, nos golpearon con palos y piedras, quebraron todas las sillas encima de los pobladores en resistencia… Mientras que los pobladores en resistencia pacífica lo único que cargaban consigo eran santos religiosos, rosarios y un libro que contenía el Himno Nacional.

[Alicia Llamas]

Durante de diez horas de intimidación y acoso, llegó el momento de caos y pánico, dos horas de violencia y la policía logró a base de fuerza romper el cerco pacífico, y los agentes destruyeron las instalaciones que durante dos años habían albergado la esperanza y la fe en la defensa de la vida. Rápidamente, la empresa aprovechó para introducir un tractor y un camión de volteo.

Todas estas acciones fueron un desalojo violento e ilegítimo, violando el derecho constitucional de reunión pacífica y sin armas y los derechos de reunión y manifestación pública. Además las autoridades han estado debidamente informadas de que esta manifestación se ha llevado a cabo con autorización. Las fuerzas de seguridad no llevaban ninguna orden de juzgado.

Puedes ver algunos vídeos de este ataque aquí.

Detenciones ilegales

Cuando empezaron las detonaciones de lacrimógenas, el efecto del gas pimienta, golpes y piedras lanzadas por la PNC la gente empezó asustada a correr. La policía brutal e ilegalmente detuvo a varias personas tanto de la comunidad como de organizaciones de derechos humanos y organizaciones sociales.

Esto fue lo que le ocurrió al asesor del Comité Campesino del Altiplano – CCDA Hugo Rivera. Él se había hecho presente en “La Puya” con otros miembros de esta organización para apoyar la resistencia pacífica y verificar que no existiera violación de los derechos humanos, cuando empezó la agresión policíaca.

Frente a él entre varios policías llevaban arrastrada a una mujer embarazada, también a un joven al que le habían golpeado fuertemente los testículos, lo arrastraron y lo amenazaron de muerte y a Brenda Hernández de la Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de los Derechos Humanos – Udefegua a quien esposaron impunemente. Hugo intervino e intentaba mediar para que no los detuvieran.

Entonces lo arrastraron y le pegaban entre varios policías queriéndolo esposar, frente a esta agresión él quiso pasar del otro lado de donde había un cerco: “yo me quise pasar al otro lado, pues no estaba haciendo nada y un policía me agarró y me restregó las manos en el alambre espigado, me hirió y ya estaba desorientado, no perdí el sentido. Entonces me tiraron al suelo y me siguieron pateando, cuando apareció una persona de Naciones Unidas y me sacó de ahí. Tengo una herida muy profunda, después me trajeron a la capital y me pusieron puntos en el dedo índice de la mano izquierda, me llevaron a una clínica particular”.

A varias personas les ocurrió esto, aunque ninguna persona fue conducida a algún centro de detención ni puesta a disposición de autoridad judicial, por las características de estas acciones, podría decirse que fueron detenciones ilegales, porque la policía no llevaba orden de juez competente ni estaban cometiendo flagrante delito o falta. Sino estaban precisamente realizando acciones de solidaridad, resistencia pacífica y de verificación de derechos humanos, según sea el caso.

Personas heridas y daños

Como consecuencia de estas acciones, varias personas fueron heridas, algunas de gravedad. Muchas de ellas fueron auxiliadas por vecinas, otras por los bomberos. Algunas necesitaron ser trasladadas a centros asistenciales privadas, otras al hospital general. Por esta razón no se sabe con exactitud el total de personas que fueron afectadas. Hubo una mujer embarazada que resultó herida, otra mujer con una fractura de cráneo que aún permanece en el hospital, una mujer de aproximadamente 60 años fue impactada en rostro por una bomba lacrimógena, tiene lesiones graves en las encías y los labios.

Cuatro mujeres y tres hombres tuvieron que ser trasladadas al hospital San Juan de Dios. Además, fuentes de la comunidad hablan de 35 heridos más por los golpes que les dieron las fuerzas de seguridad, incluso de un herido en el pecho con arma de fuego. Los policías no contentos con las agresiones a las personas, destruyeron el campamento de la resistencia para abrir paso a las máquinas, robaron pertenecías de la población incluso robaron aparatos celulares de personas que retuvieron.

Cuando ofrecer diálogo se vuelve una burla

Para justificar este violento y vergonzoso ataque contra nuestras comunidades, el Ministro de Gobernación Mauricio López Bonilla dijo que el “desalojo de manifestantes en La Puya, es por dos años de diálogo infructuoso”, lo cual es totalmente falso, pues todos hemos sido testigos de la voluntad de la resistencia pacífica “La Puya” de dialogar y resolver pacíficamente la problemática causada por la pretensión de KCA-EXMINGUA de abrir la mina El Tambor sin contar con el consentimiento de la población.

Durante la mañana del sábado, ni siquiera 24 horas después de la represión del desalojo violento aun con presencia de un fuerte contingente de policía, la resistencia pacífica continua en el lugar, sus actividades continúan, la gente de los turnos asume su responsabilidad, su lucha sigue.

Por Quimy De León, Santiago Bastos y Nelton Rivera

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