Miguel Ángel Gullón nos manda, desde el Seybo, las últimas noticias de la lucha de la población, contra la empresa Central Romana, que, con la connivencia del Estado, desaloja de sus casas a los trabajadores que ya no sirven.
“El 26 de enero de 2016 los guardias campestres del Central Romana destruyeron 60 casas- según palabras del Abogado del Estado- de forma arbitraria y sin compasión, encañonando a los niños y a las niñas y sacándolos de un camino de uso público que está fuera de la tierra que ocupa la Compañía. A pesar de las condenas de la Relatora Especial para la Vivienda Adecuada, de la Organización de las Naciones Unidas y del Procurador Fiscal de la provincia de El Seybo, y del rechazo de toda la población, el pasado mes de enero se dio a conocer la sentencia del Ministerio Público de la Procuraduría General de la República referente a la denuncia de las 60 familias desalojadas: ‘Dictamen de archivo definitivo….el hecho no constituye una infracción penal’.
La complicidad del Gobierno y la bendición de las diferentes Iglesias, que se benefician de sus donativos, permite que los desalojos de Central Romana sigan sucediéndose, no obstante las palabras del gobernador en una entrevista radial: ‘Ahí hay justicia y una injusticia. Sacar esas personas que les dieron a producir mucho dinero durante su juventud, durante el tiempo que tenían fuerza para laborar, y ahora decirles váyanse para afuera, es una situación inhumana’. El Abogado del Estado de la Región Este, encargado de firmar las órdenes de desalojo, mostró su preocupación por la manera cómo se ejecutan estas acciones, no obstante dijo lo siguiente: ‘Soy consciente del sufrimiento de los niños y niñas, envejecientes y las demás personas pero mi trabajo es velar por la propiedad privada. A mí me pagan por cumplir esta función, desde que firmo la orden no sé nada más’.
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